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RIDHE participó en un intercambio de opiniones sobre las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, organizado por la Subcomisión de Derechos Humanos (DROI) en colaboración con la Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central (DCAM), en el marco de una sesión del Parlamento Europeo.
Denunciamos la continua deterioración del espacio cívico en Nicaragua, caracterizada por la proliferación de leyes represivas, la limitación de la libertad académica y la expulsión de ciudadanos y representantes de la Iglesia.
En su intervención, Elektra Lagos alertó sobre la grave crisis de derechos humanos en Nicaragua, marcada por la concentración del poder en la pareja presidencial y la anulación de la independencia de los poderes del Estado. La reciente reforma constitucional consolida un marco represivo, legalizando la criminalización de la disidencia, el cierre masivo de ONG y universidades, y la persecución transnacional de defensores de derechos humanos en el exilio.
La situación de derechos humanos en Nicaragua se encuentra marcada por una sistemática violación de derechos fundamentales, perpetrada por las autoridades estatales y consolidada a través de reformas legales y constitucionales que refuerzan un marco represivo. Las enmiendas a la Constitución Política adoptadas recientemente han institucionalizado mecanismos que favorecen la concentración del poder en la pareja presidencial, anulando la independencia de los poderes del Estado y eliminando cualquier garantía de protección para las víctimas de abusos. Estas reformas han legalizado medidas autoritarias, incluyendo la criminalización de la disidencia, la eliminación de la personalidad jurídica de organizaciones no gubernamentales, y el cierre masivo de universidades, lo que ha restringido severamente el espacio cívico y académico en el país.
La represión estatal también se ha manifestado en actos de persecución transnacional, extendiendo el hostigamiento hacia defensores de derechos humanos y líderes en el exilio. Hechos que ahora se consolidan a través de nuevas reformas legislativas en Nicaragua y que consolidan la apatridia de facto, el destierro y otras vulneraciones al derecho a la personalidad jurídica. En este contexto, las restricciones al acceso a la justicia y la ausencia de una voluntad política para garantizar la rendición de cuentas han perpetuado un clima de impunidad. El 22 de noviembre de 2024 se aprobó “la reforma parcial” de la Constitución Política de Nicaragua con la cual se modifican más de 100 artículos de su Carta Magna. Esta es la 12va reforma constitucional propuesta por Daniel Ortega desde que se encuentra en el poder. Uno de los elementos más alarmantes de la reforma es la concentración del poder en la figura de la “Co-presidencia” a la que se le otorga el rol de “coordinación” de los “órganos” legislativo, judicial y electoral del Estado, a los cuales no considera como poderes independientes, además de otras entidades. La Co-presidencia tendrá control absoluto del Ejército y un año más de mandato presidencial, para un total de 6 años.
Alertamos que asegurar impunidad para las violaciones a derechos humanos es un elemento clave en estas reformas. En el nuevo texto se elimina el derecho a no ser torturado, alentando la continuidad de la comisión de tal delito. También institucionalizan “las policías voluntarias”.
El cierre del espacio cívico y académico es una de las manifestaciones más claras de esta crisis. Hasta enero de 2025, más de 5,600 organizaciones no gubernamentales han sido clausuradas, afectando gravemente la labor de la sociedad civil. Lo que representa aproximadamente el 80 % de las ONG que operaban en el país en 2018. Simultáneamente, al menos 58 medios de comunicación han sido cerrados, mientras que 263 periodistas se han visto obligados al exilio desde 2018 debido a amenazas, acoso y detenciones arbitrarias.
La represión estatal también se ha manifestado en actos de persecución transnacional, extendiendo el hostigamiento hacia defensores de derechos humanos y líderes en el exilio. la reforma robustece una serie de cambios legislativos en los ámbitos penal y migratorio, con los que las autoridades nicaragüenses buscan extender la represión tanto dentro como fuera de Nicaragua. Entre otras, las modificaciones concretan la apatridia de facto, el destierro y la represión transfronteriza.
Una práctica especialmente preocupante ha sido la privación de la nacionalidad, que desde febrero de 2023 ha afectado a más de 450 personas, incluyendo a presos políticos y opositores al régimen. Esta acción, además de violar el derecho internacional, ha dejado a muchas personas en situación de apatridia, privándolas de derechos fundamentales y recursos legales.
La crisis humanitaria se refleja también en el éxodo masivo de nicaragüenses. Desde 2018, más de 588,000 personas han solicitado asilo en diferentes países, con Costa Rica recibiendo aproximadamente 192,000 solicitudes. Sin embargo, las recientes medidas restrictivas de migración en Estados Unidos han limitado las opciones para quienes buscan refugio, exacerbando la situación de vulnerabilidad.
En materia de justicia, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU ha concluido que las autoridades nicaragüenses han cometido violaciones sistemáticas que constituyen crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinatos, tortura y persecución política. A pesar de estos hallazgos, ningún organismo internacional de monitoreo ha podido ingresar al país desde 2018, lo que subraya la urgencia de renovar y fortalecer los mandatos de estos mecanismos.
Finalmente, aunque diversos países y organismos han implementado sanciones contra el régimen, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha continuado financiando proyectos en Nicaragua, incluyendo infraestructura policial. Esto plantea serias preocupaciones sobre el papel de esta institución en la perpetuación de la crisis.
Desde la Red Internacional de Derechos Humanos Europa y con base en la documentación exhaustiva de las violaciones a los derechos fundamentales en Nicaragua, hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional, y en particular al Parlamento Europeo, para que mantenga una vigilancia activa sobre la grave situación en el país y refuerce su apoyo a los y las defensores de derechos humanos, así como a las organizaciones y movimientos sociales que luchan por la justicia y la democracia. Solicitamos valorar la activación de los mecanismos diplomáticos necesarios para incidir en el pronto retorno al orden democrático y asegurar que las relaciones comerciales y financieras con Nicaragua se condicionen al cumplimiento estricto de sus obligaciones en materia de derechos humanos y acceso a la justicia, en conformidad con los estándares internacionales.
Desde la Red Internacional de Derechos Humanos Europa (RIDHE), reafirmamos nuestro compromiso de colaborar con los organismos internacionales de derechos humanos en la documentación de las violaciones a los derechos fundamentales de la población nicaragüense, tanto dentro como fuera del país. Instamos a estos organismos a abordar integralmente, con enfoque interseccional, la continuidad de estas violaciones, visibilizando a las poblaciones más vulnerables.
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