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Internacional de Derechos Humanos Europa (RIDHE) – Costa Rica expresa su profunda preocupación ante el retroceso en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos en el país.
Las recientes decisiones del Estado costarricense, incluyendo la eliminación del Programa de Educación para la Afectividad y la Sexualidad Integral en las escuelas, así como la promoción de una iniciativa legislativa que busca endurecer las sanciones por la interrupción voluntaria del embarazo, representan un grave retroceso en la protección de los derechos de mujeres y niñas.
Estas restricciones se enmarcan en una alarmante tendencia regional que socava la igualdad de género y acceso a la salud.
La eliminación del Programa de Educación para la Afectividad y la Sexualidad Integral en las escuelas, la eliminación del Programa de Educación para la Afectividad y la Sexualidad Integral en las escuelas contraviene las obligaciones internacionales de Costa Rica en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), cuyo artículo 13 establece el derecho a una educación inclusiva y de calidad. Asimismo, la Observación General N.º 22 del Comité DESC y la Recomendación General N.º 36 de la CEDAW destacan la obligación estatal de garantizar el acceso a la educación sexual integral como un componente esencial para la igualdad de género y la prevención de la violencia.
Por otro lado, alertamos sobre la iniciativa legislativa que busca modificar el Código Penal, eliminando la posibilidad de perdón judicial en casos de aborto resultantes de violencia sexual o cuando esté en juego el honor de la persona gestante.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica, estableció que las restricciones desproporcionadas a los derechos reproductivos pueden constituir una violación del derecho a la vida privada y la autonomía reproductiva, protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Reafirmamos que estas disposiciones profundizan la desigualdad de género y refuerzan roles estereotipados como forma de discriminación estructural, en un contexto de alarmante aumento de los femicidios en el país. La combinación del debilitamiento de la educación sexoafectiva integral y las sanciones más severas por interrupción voluntaria del embarazo incrementa el riesgo de embarazos no deseados y abortos inseguros, afectando desproporcionadamente a mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad.
También evidenciamos que en Nicaragua, Honduras y El Salvador, la prohibición absoluta de la interrupción voluntaria del embarazo sigue vulnerando gravemente los derechos de las mujeres y niñas. Estos países reflejan un contexto regional de criminalización y estigmatización que restringe el acceso a la salud y limita la autonomía reproductiva. Costa Rica se inscribe en esta preocupante tendencia con medidas que reducen el acceso a la educación sexual integral y refuerzan la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo, restringiendo aún más los derechos reproductivos.
Ante esta situación, la RIDHE hace un llamado urgente al Estado costarricense para que:
1. Restaure la educación sexoafectiva integral en las escuelas, garantizando que niñas y adolescentes cuenten con información basada en la ciencia y el respeto a los derechos humanos, con una perspectiva de género e interseccionalidad.
2. Retire las propuestas punitivas sobre la interrupción voluntaria del embarazo y adopte un enfoque de salud pública que respete la autonomía de las mujeres y niñas, su derecho a la honra y dignidad, y la oportunidad de planificar una maternidad deseada, segura y libre de violencia.
Exhortamos a la comunidad internacional a continuar promoviendo la defensa de los derechos de mujeres y niñas en Costa Rica y en el resto de la región.
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