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GINEBRA, 28 de febrero de 2025. Con motivo de la 58° sesión del Consejo de Derechos Humanos, la Red Internacional de Derechos Humanos Europa (RIDHE) y RedProdepaz Nicaragua han denunciado la persistencia de la política estatal que atenta contra la libertad académica y la autonomía universitaria en Nicaragua. Durante 2025, ambas organizaciones han documentado un aumento en el adoctrinamiento político institucionalizado dentro de las universidades del país, una situación que se ha agravado debido a la injerencia del Ejecutivo a través del Consejo Nacional de Universidades y la implementación de reformas que han eliminado su autonomía.
Esta crisis se ha profundizado con la reciente reforma constitucional promovida por el Ejecutivo y aprobada por la Asamblea Nacional, la cual subordina los derechos fundamentales a los denominados "valores supremos de paz y seguridad". Estos conceptos, ambiguos y sujetos a interpretaciones arbitrarias, se han utilizado para justificar violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Como resultado, la producción y difusión de conocimiento crítico en el marco de la libertad académica ha quedado en riesgo de ser completamente suprimida.
Uno de los aspectos más alarmantes de esta reforma es la criminalización de quienes promuevan la "injerencia extranjera", calificándolos como "traidores a la patria" y exponiéndolos a la pérdida arbitraria de su nacionalidad. Esta medida representa una grave amenaza para estudiantes, académicos, defensores de derechos humanos y otros críticos del gobierno que participen en instancias internacionales. Cabe recordar que más de 200 nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad bajo justificaciones similares.
Además, estas reformas constitucionales han planteado serias preocupaciones sobre el respeto al Estado de derecho y los derechos de grupos vulnerables, incluyendo la comunidad LGBTIQ+ y los pueblos indígenas, quienes ya enfrentan discriminación y represalias en Nicaragua.
Ante esta situación, instamos a la comunidad internacional a condenar estas violaciones y exigir al Estado de Nicaragua el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Asimismo, urgimos la renovación del mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua y la elaboración de informes periódicos por parte de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, con el fin de documentar y visibilizar estas violaciones y buscar mecanismos de rendición de cuentas para los responsables.
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