Comunicado

La Red Internacional de Derechos Humanos Europa (RIDHE) expresa su profunda preocupación y se une al llamado internacional para exigir la liberación inmediata de Carlos Correa, director de la organización no gubernamental Espacio Público, así como de todas las personas desaparecidas forzadamente y detenidas arbitrariamente en Venezuela. Reiteramos nuestra condena a la escalada represiva desatada tras las elecciones fraudulentas celebradas en 2024 y hacemos un llamado urgente al régimen autoritario que gobierna el país a detener esta ola de violaciones de derechos humanos.

Carlos Correa, reconocido periodista y defensor de derechos humanos con una amplia trayectoria, fue secuestrado el 7 de enero de 2025 en Caracas. Este hecho se suma a la desaparición forzada de otros activistas y dirigentes políticos en los días previos a la toma de posesión de Nicolás Maduro, lo que evidencia un patrón sistemático de persecución y represión. Estas acciones forman parte de una estrategia del régimen para silenciar a la oposición y restringir el ejercicio de derechos fundamentales.

La RIDHE denuncia que estas detenciones y desapariciones arbitrarias son parte de una política de terrorismo de Estado en un contexto de nula independencia de poderes en Venezuela. El control absoluto del órgano ejecutivo sobre las instituciones estatales ha generado un sistema de impunidad que perpetúa las violaciones sistemáticas de derechos humanos, agravando la crisis humanitaria que afecta a millones de venezolanos. Esta situación ha llevado al desplazamiento forzado y la migración masiva, impactando especialmente a grupos vulnerables como mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores.

En su reciente informe titulado “Venezuela: graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documentó tres fases represivas implementadas por el régimen de Maduro para impedir la participación política, obstaculizar elecciones libres y perseguir a la oposición. Dicho informe destaca que las irregularidades en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 representan una alteración del orden constitucional y socavan la legitimidad democrática del gobierno reelecto. Según información del Mecanismo Especial de Seguimiento a Venezuela (MESEVE) de la CIDH, las denuncias de fraude electoral en 2024 provocaron alrededor de 300 manifestaciones espontáneas, lideradas mayoritariamente por jóvenes en situación de pobreza. En respuesta, el régimen desplegó una fase de represión sistemática que incluyó:

- Movilización de grupos paramilitares para sofocar protestas.
- La ejecución de la llamada “Operación Tun Tun”, que resultó en al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas breves y alrededor de 2.000 detenciones arbitrarias, incluidas de menores de edad. - Casos documentados de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
- Graves violaciones a las garantías judiciales y la libertad de expresión.

La RIDHE insta a la comunidad internacional a reforzar su compromiso con el pueblo venezolano, que sigue luchando por el respeto a sus derechos humanos. En particular, hacemos un llamado a los países de la región y del mundo para: exigir el cese de la persecución política y la represión; demandar la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente; promover el restablecimiento del orden constitucional y la independencia de los poderes públicos en Venezuela; y garantizar la publicación de las actas de votación y la realización de una auditoría electoral independiente con observación internacional.

La situación en Venezuela representa una amenaza para la estabilidad de la región y una afrenta a los principios democráticos y de derechos humanos. La solidaridad internacional y acciones concretas son indispensables para lograr justicia y libertad para el pueblo venezolano.