La migración forzada en América Latina es un fenómeno que crece a un ritmo alarmante, afectando a millones de personas que huyen de la violencia, la pobreza y la represión política. Frente a este reto humanitario, siete países de la región han unido esfuerzos bajo el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS), una iniciativa inspirada en el Pacto Mundial sobre los Refugiados.
Desde su adopción en 2017 con la Declaración de San Pedro Sula, el MIRPS ha promovido un enfoque de responsabilidad compartida para ofrecer protección y soluciones a personas en situación de movilidad forzada en Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, México y Panamá. Este mecanismo ha permitido la implementación de programas que buscan la inclusión social y económica de las personas desplazadas, garantizando acceso a servicios básicos, educación y oportunidades laborales.
En este respecto, desde su fundación, la RIDHE ha demostrado una profunda sensibilidad hacia el diseño de programas en temas de educación, asistencia humanitaria y fortalecimiento del espacio cívico democrático que brinden soluciones duraderas e innovadoras en el contexto de los Estados que conforman el MIRPS. Además de su compromiso con la protección de las personas desplazadas, RIDHE percibe este marco como una oportunidad clave para fomentar el desarrollo, fortalecer la visibilidad del fenómeno y ampliar el diálogo político en torno a la migración forzada. Con una visión ambiciosa, la organización busca incidir en el ámbito diplomático y contribuir a la formulación de políticas regionales que garanticen una respuesta integral y sostenible ante esta crisis.
EL PAPEL DE COSTA RICA
Costa Rica, reconocida por su política de acogida y su defensa de los derechos humanos, ha asumido en 2025 la presidencia pro tempore del MIRPS. Su plan de acción para 2025 prioriza la educación y la formación técnica de los refugiados como herramientas clave para su integración en la sociedad. Entre las iniciativas impulsadas, destaca la certificación de competencias laborales y un proyecto innovador para el reconocimiento de títulos académicos mediante pruebas alternativas, en colaboración con organismos internacionales.
A través de compromisos concretos y la implementación de programas específicos desarrollados en cada Plan Nacional de los Estados miembros, el MIRPS ha logrado avances significativos. Destacar que, en Costa Rica, se ha proporcionado el acceso a atención médica para más de 8.500 personas refugiadas y solicitantes de refugio. También, entre otras mejoras, se ha garantizado la educación pública gratuita para niños y jóvenes desplazados en todas las comunidades receptoras del país.
A pesar de los avances, el MIRPS enfrenta obstáculos importantes. La falta de financiamiento limita la ampliación de sus programas y la inestabilidad en los países de origen sigue empujando a miles a huir de sus hogares. Por lo tanto, el papel de la comunidad internacional y el compromiso de los países miembros es clave para garantizar la sostenibilidad de la iniciativa.
LA SOCIEDAD CIVIL, UN ACTOR CLAVE
Desde su creación, el MIRPS ha integrado a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) como un actor clave para abordar la situación de las personas desplazadas forzosamente en la región. A través del Mecanismo de Diálogo entre las OSC, se ha formalizado un espacio que promueve la colaboración entre gobiernos y sociedad civil, fortaleciendo las respuestas a los desafíos del desplazamiento forzado y la búsqueda de soluciones duraderas.
Las OSC desempeñan un papel fundamental en el MIRPS al aportar su experiencia en campos como la protección humanitaria, la inclusión social y el fortalecimiento de los sistemas de asilo. Además, su participación en el espacio diplomático permite incidir en cambios políticos sustantivos basados en los derechos humanos, generando compromisos regionales más robustos para la protección de las personas refugiadas. Este rol es particularmente relevante en el contexto de los defensores de derechos humanos nicaragüenses, quienes enfrentan persecución y represión debido a la violencia generalizada y la crisis política en su país.
La participación activa de las OSC y el compromiso de los Estados MIRPS sientan un precedente para otros países de América Latina, demostrando que el espacio diplomático conjunto y el diálogo político con la sociedad civil es clave para construir soluciones sostenibles que beneficien a las personas desplazadas y a las comunidades que las acogen.
Desde la RIDHE creemos en la importancia de apoyar esta iniciativa, no solo monitoreando y documentando su impacto, sino también colaborando con el fin de promover políticas inclusivas y sostenibles. El MIRPS es un recordatorio de que, con solidaridad y compromiso, podemos avanzar hacia un mundo más justo, igualitario y equitativo.