Informe

Con duros testimonios basados en largas entrevistas a personas victimas de tortura durante su detención arbitraria y largos periodos de reclusión en prisiones en Nicaragua, la RIDHE presentó su informe denominado “Detenidos, torturados y desplazados. El presidio político y sus secuelas en Nicaragua.Es un documento sobre tortura y el trato inhumano, cruel y degradante de personas privadas de libertad en condición de detención política en Nicaragua y la permanencia de la violencia de Estado en sus vidas poscarcelarias. “Este informe dirigido y elaborado para el Comité de las Naciones Unidas Contra la Tortura (CAT), con base en entrevistas a personas victimas de tortura, personas que fueron detenidas como consecuencia de la represión desatada por parte del Estado frente a las manifestaciones”, indicó la directora de RIDHE, Electra Lagos.

El documento además, difiere del formato común, debido al tipo de investigación realizada y a la situación de peligro en la que se encuentran las treinta víctimas presentadas, quienes se autodenominan excarcelados políticos.

Las y los investigadores explicaron que la auto denominación de (ex) presos o excarcelados políticos se debe a que fue considerado injusto su encarcelamiento ya que fue producto de la defensa de sus derechos durante y posterior a las protestas iniciadas en abril 2018, frente a las políticas represivas del Estado de Nicaragua y su Gobierno. “Sus detenciones, que en su mayoría recibieron atención mediática y de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, fueron arbitrarias, al margen del estado de derecho y en inobservancia de las garantías del debido proceso”, explicó la oficial de proyectos de RIDHE, Winnie Bernard durante la presentación virtual del documento.

El reporte que fue presentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas, denuncia y analiza que desde el inicio de las protestas en abril del 2018 en contra del gobierno liderado por el presidente Daniel Ortega, más de mil seiscientas personas fueron detenidas y más de ochocientos de ellas han sido juzgadas y condenadas a prisión por jueces parcializados a favor del gobierno de turno.

Las condenas fueron por presuntos delitos comunes, tales como robo, narcotráfico, porte o tenencia ilegal de armas, tanto como crímenes extraordinarios que previo a abril 2018 no estaban tipificados como delitos en el Código Penal, como terrorismo. En su momento, la mayoría de las personas presas políticas (incluidas varias de las víctimas aquí) fueron excarcelados bajo la controversial Ley de Amnistía promulgada el 8 de junio del 2019. 

“Sus detenciones, ...fueron arbitrarias, al margen del estado de derecho y en inobservancia de las garantías del debido proceso”

A la vez esta ley permitió que se exculparan los autores de graves violaciones de derechos humanos, específicamente actores estatales y paraestatales involucrados en la represión letal de las protestas y cientos de detenciones arbitrarias llevadas a cabo con fuerza excesiva. El Estado de Nicaragua no llevó a cabo ningún proceso judicial independiente en contra de éstos y tampoco ha reparado a las víctimas, como así lo destacó el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en Nicaragua.

Al contrario, el Estado ha ido criminalizando y judicializando a las organizaciones no gubernamentales y organismos de derechos humanos nacionales que daban apoyo a las víctimas en forma de acogida de sus denuncias, tratamiento psicológico y asistencia social. 

La Asamblea Nacional, dominada por el partido de gobierno, despojó de su personería jurídica a los tres organismos de derechos humanos nacionales no-estatales (CENIDH, CPDH y ANPDH). 

Tras esta modalidad de represión, el constante asedio, las amenazas, el encarcelamiento de algunos de sus trabajadores defensores y la toma de sus instalaciones, la mayoría de los trabajadores defensores restantes han tenido que exiliarse. Esta situación pone en grave situación de riesgo a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos en el país. 

Los treinta casos considerados en el documento que se presentó a la ONU, se tuvieron lugar y se encontraron distribuidos en seis centros de detención policiales (Jinotepe, Juigalpa, León, Masaya, Managua y Nindirí), la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de Managua conocida como “El Chipote” y tres centros penitenciarios: el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro conocido como “La Modelo”, el Sistema Penitenciario de Mujeres conocido como “La Esperanza” y el Sistema Penitenciario Regional de Cuisalá. 

“Sin embargo, no todas las personas detenidas llegaron hasta el sistema penitenciario, varias permanecieron en las celdas de la DAJ”, resaltó Bernard.