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El derecho a la educación es un derecho humano fundamental reconocido por numerosas declaraciones y convenciones internacionales que la mayoría de los países de América Latina han suscrito o a las que se han adherido. Desempeña un papel esencial en la construcción del capital humano, la ruptura del ciclo de la pobreza, la promoción de la productividad económica y la eliminación de las disparidades y desigualdades sociales.
Este derecho es esencial en la región para permitir a la población obtener las competencias necesarias para acceder al mercado laboral y responder a las crecientes expectativas de especialización.
Los países de la región están experimentando grandes desafíos sociopolíticos e inestabilidad, lo que socava las políticas públicas que garantizan una educación de calidad.
Es América Latina donde todavía imperan las desigualdades más marcadas y donde la Educación es un derecho que varía según la clase social, el género y si la persona vive en el campo o en la ciudad.
Este derecho también es menos accesible para grupos vulnerables como las personas con discapacidad, personas mayores, minorías étnicas, los pueblos indígenas y afrodesncendientes y las personas de la comunidad LGBTQI+.
Además, la crisis de COVID-19 puso de manifiesto las deficiencias de la educación digital en términos de desarrollo de competencias, nuevos métodos de enseñanza y acceso a herramientas informáticas para instituciones y estudiantes de bajos ingresos. Así, la inclusión y el acceso son los principales criterios para el diseño de políticas públicas que tengan en cuenta la sostenibilidad, con miras a lograr una educación para todos.
En la región, 2,3 millones de niñas y niños no asisten a la escuela primaria, y la situación es más crítica en el nivel secundario: 2,5 millones adolescentes no asisten al primer ciclo de secundaria y 7,2 millones no asisten al segundo ciclo.
