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La Justicia climática en América Latina y el Caribe se vincula directamente con la defensa de los derechos humanos, debido a que el cambio climático profundiza las desigualdades existentes y vulnera derechos fundamentales como el acceso al agua, la alimentación, la vivienda y la autodeterminación de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. Justamente estas comunidades, muchas veces rurales, son las más afectadas enfrentando desplazamientos forzados y pérdida de medios de vida debido a fenómenos extremos como sequías, inundaciones y deforestación.
La justicia climática implica no solo mitigar los impactos del cambio climático, sino también proteger a las personas más expuestas a sus consecuencias, garantizando su participación en la toma de decisiones y su acceso a recursos para adaptarse al cambio.
Por otro lado, la preservación de la biodiversidad es fundamental en América Latina, que alberga algunos de los ecosistemas más ricos del planeta, como el Amazonas, los Andes y los arrecifes de coral del Caribe. Esta riqueza natural no solo es vital para mitigar el cambio climático mediante la captura de carbono, sino también para sostener medios de vida y culturas tradicionales. Sin embargo, actividades como la minería, la expansión agrícola y la urbanización descontrolada amenazan gravemente esta biodiversidad.
La región necesita fortalecer políticas integrales que protejan tanto su entorno como a las comunidades que dependen de él.
Los conceptos de Justicia Climática y preservación ambiental están intrínsecamente relacionados. Las soluciones basadas en la naturaleza, como la reforestación y la agroecología, no solo ayudan a combatir el cambio climático, sino que también promueven la equidad social al empoderar a las comunidades locales.
En América Latina y el Caribe, iniciativas como el Acuerdo de Escazú son esenciales para garantizar la participación ciudadana, la justicia ambiental y la protección de los defensores del medio ambiente, quienes enfrentan grandes riesgos.
Alcanzar la justicia climática y preservar la biodiversidad requiere una combinación de políticas públicas sostenibles, financiamiento internacional y respeto por los derechos humanos y los conocimientos tradicionales
