Contexto

Desde 2018, Nicaragua ha sido testigo de una crisis de derechos humanos caracterizada por la persecución sistemática contra voces disidentes. La policía, en coordinación con grupos armados partidarios del gobierno, reprimió protestas masivas contra el gobierno que dejaron un saldo de al menos 328 muertos, más de 2.000 heridos y cientos de detenidos. Las autoridades informaron que 21 policías murieron en el contexto de las manifestaciones.

Cientos de manifestantes permanecieron detenidos durante meses, y muchos fueron sometidos a torturas y otros maltratos, como descargas eléctricas, golpizas violentas, extracción de uñas, asfixia y violaciones sexuales. Los procesos penales contra manifestantes estuvieron marcados por graves violaciones de las garantías al debido proceso y otros derechos fundamentales. Hasta la fecha, ningún policía ha sido condenado en relación con estos abuso.

Actualmente, al menos 45 personas permanecen detenidas por razones políticas en Nicaragua, de las cuales 37 son hombres y 8 mujeres. Los perfiles de estas personas reflejan la amplia represión ejercida por el régimen, que incluye a guardabosques, líderes indígenas, opositores políticos, laicos religiosos y trabajadores del Estado. Esta diversidad evidencia el control social generalizado que se impone en todo el país.

La práctica de desapariciones forzadas continúa agravándose, con casos en los que familiares no han podido ver a sus seres queridos durante meses.La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo se ensaña con los familiares de las personas desterradas que están en Nicaragua, intensificando el hostigamiento y las amenazas de confiscación de propiedades en las últimas semanas.