En enero de 2023, el Parlamento Europeo estableció un límite de 500 palabras a sus resoluciones “urgentes” sobre abusos de los derechos humanos en terceros países, como parte de su respuesta a las acusaciones de corrupción ahora conocidas como Qatargate.
En RIDHE creemos que, aunque la corrupción debe ser abordada seriamente por el Parlamento Europeo, una restricción en el número de palabras utilizadas en una resolución “urgente” no va a ser eficaz.
En primer lugar, este límite de palabras sólo se aplica a las resoluciones “urgentes”, lo que significa que el resto de las resoluciones, incluidas las relativas a los derechos humanos, seguirán sin tener límite de palabras. De hecho, la resolución sobre derechos humanos en Qatar considerada sospechosa en relación con Qatargate no era una resolución urgente.
Además, las resoluciones sobre derechos humanos no son donde suele haber corrupción. Aunque algunos países extranjeros quieran evitar que se critique su historial en materia de derechos humanos, otras acciones, como las votaciones sobre legislación, acuerdos y convenios de cooperación, pueden desencadenar actividades de presión hacia los eurodiputados.
En cualquier caso, la reducción del número de palabras hace invisibles a las víctimas de violaciones de derechos humanos, ya que sus nombres tienen que ser eliminados de la resolución; no deja espacio para abordar las legislaciones, políticas o prácticas abusivas; y no permite que se incluya toda la información importante, con lo que se perderán puntos importantes.
De igual modo, este recuento de palabras sólo en las resoluciones urgentes sobre derechos humanos pone en entredicho la integridad de las ONG y puede socavar la importancia del papel que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil a la hora de contribuir a la elaboración de las políticas de la UE.
Al imponer este límite de palabras, el Parlamento Europeo está socavando la fuerza de la resolución de urgencia sobre derechos humanos, está ayudando a los autores de abusos en detrimento de las víctimas y no está haciendo nada para combatir la corrupción.
Desde RIDHE urgimos al Parlamento Europeo a reconsiderar su límite de palabras y a seguir ayudando a la sociedad civil a promover los derechos humanos y a proteger a las víctimas de violaciones de derechos humanos.
