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Derecho a la educación

¿Por qué debemos garantizar la educación para todos?

El derecho a la educación es un derecho humano fundamental reconocido por numerosas declaraciones y convenciones internacionales que la mayoría de los países latinoamericanos han suscrito o a las que se han adherido. Desempeña un papel esencial en la construcción del capital humano, la ruptura del ciclo de la pobreza, la promoción de la productividad económica y la eliminación de las disparidades y desigualdades sociales.

Este derecho es esencial en los países latinoamericanos para permitir a los ciudadanos obtener las competencias necesarias para acceder al mercado laboral y responder a las crecientes expectativas de especialización.

Contexto en América Latina

Los países de América Latina están experimentando grandes desafíos sociopolíticos e inestabilidad, lo que socava las políticas públicas que garantizan una educación de calidad. Es en esta región donde se han identificado las desigualdades más marcadas y donde la educación es un derecho que varía según la clase social, el género y si la persona vive en el campo o en la ciudad. Este derecho también es menos accesible para grupos vulnerables como las personas con discapacidad, las minorías étnicas, los pueblos indígenas y las personas de distinto género. Además, la crisis de COVID-19 puso de manifiesto las deficiencias de la educación digital en términos de desarrollo de competencias, nuevos métodos de enseñanza y acceso a herramientas informáticas para instituciones y estudiantes de bajos ingresos. Así, la inclusión y el acceso son los principales criterios para el diseño de políticas públicas que tengan en cuenta la sostenibilidad, con miras a lograr una educación para todos.

En la región, 2,3 millones de niños no asisten a la escuela primaria, y la situación es más crítica en el nivel secundario, donde 2,5 millones de niños y adolescentes no asisten al primer ciclo de secundaria y 7,2 millones no asisten al segundo ciclo.

Por lo tanto, es esencial que los servicios públicos, con la ayuda de las OSC, se centren en aplicar reformas que permitan que los niños y adolescentes que viven en comunidades aisladas, de poblaciones indígenas, expuestos a la violencia y que sufren discriminación sexual y étnica, vean mejoradas sus posibilidades de acceder a la educación.

Prioridades de RIDHE

  1. Mejorar el acceso a una educación de calidad y la equidad en contextos frágiles y humanitarios.
  2. Desarrollar iniciativas para reducir la exclusión de los grupos vulnerables del sistema educativo.
  3. Mejorar el aprendizaje de idiomas y el desarrollo de habilidades técnicas.
  4. Facilitar el acceso a becas a estudiantes en situación precaria o víctimas de violaciones de derechos humanos.
  5. Diseñar y poner en marcha una plataforma de apoyo para la orientación y asistencia psicosocial
  6. Reducir la brecha digital mediante la alfabetización digital y el acceso a las nuevas tecnologías digitales.